Sentimos que Guatemala ha ingresado a un periodo de
acelerada descomposición en distintas manifestaciones de la vida ciudadana,
incluyendo la moral y los valores de convivencia. Esa descomposición, se
manifiesta también en la ruina de la política, de la legalidad y en el extravío
de la misión de las instituciones públicas. Las relaciones sociopolíticas que
se construyen desde el Estado y que sirven de referencia a la sociedad entera, son
mediadas casi exclusivamente por el patrimonialismo, el clientelismo y la
corrupción.
Adicionalmente, se ha exacerbado la crisis social como
consecuencia de la precariedad del empleo, el bloqueo de pequeñas y medianas
empresas, pero que representarían múltiples inversiones productivas de amplio
beneficio a la población, y las débiles políticas de salud, educación, vivienda
y nutrición.
Se observa la huida de talentos jóvenes en todos los
estratos de la sociedad y en prácticamente todo el territorio nacional; jóvenes
que ya no encuentran futuro en Guatemala. La pérdida del talento humano y la
degradación forzada de los valores de convivencia son el indicador definitivo
de un país que desciende al caos, como ha ocurrido en algunos países de África
y del Caribe.
Ese conjunto de problemas nos acerca riesgosamente a una
condición de disolución social, por la pérdida de la autoridad legítima
materializada en el Estado. A juicio del G4 el primer paso para superar el
estadio actual es reconocer la existencia de una crisis profunda y
generalizada, identificar su naturaleza y manifestaciones múltiples.
Es una crisis:
• De la institucionalidad pública, de su funcionalidad,
de su credibilidad y de incapacidad para el cumplimiento de sus mandatos
constitucionales.
• De valores y moralidad públicas, gravementelesionadas
por inequívocas señales de, tráfico de influencias y utilización de la
institucionalidad estatal para el enriquecimiento ilícito.
• De falta de confianza de la ciudadanía en las
instituciones del Estado.
• Del compromiso ciudadano con la hacienda pública,
traducida en una crisis fiscal sin precedentes, como consecuencia del deterioro
de la institucionalidad y la confianza públicas, arriba mencionadas.
• Del régimen político, caracterizado por la captura de
instituciones de amplia intermediación y representación social, por parte de
intereses particulares pecuniarios, con la consecuente fragilidad ideológica,
programática y organizativa de la mayoría de partidos políticos, convertidos en
meras herramientas de acción electoral.
Nos parece evidente, como a muchos ciudadanos, que el
pacto constitucional de 1985 se encuentra en una fase terminal de deterioro,
que ya agotó sus posibilidades reales de organizar la convivencia social
democrática de las y los guatemaltecos, porque gran parte de su contenido se ha
convertido en letra muerta o en objeto de escamoteo, burla o interpretación
antojadiza, acomodada a intereses particulares por encima del interés común.